El 15 de marzo fue aprobada la nueva Ley Orgánica en el Congreso para la igualdad de hombres y mujeres. Este proyecto es uno de los más importantes del mundo, tratándose de la lucha por la igualdad laboral entre ambos sexos y también por erradicar el acoso sexual.

Esta ley y sus medidas tienen como fin la corrección inmediata de las diferencias sexuales que hasta hoy en día se encuentran en nuestra sociedad, principalmente el más acentuado corresponde al ámbito laboral, ya que los hombres ganan entre un 30 y un 40 % más que las mujeres. También trata sobre el desequilibrio que hay en tareas domésticas, debido a que como una costumbre, a la mujer se le ha adjudicado el cuidado de los niños como una responsabilidad, solo de ella.

Dicha ley, que modifica a 19 normas de empleo público o prestaciones de Seguridad Social, tiene también como fin acentuar las definiciones de obligaciones y derechos paternales, ya que habla de que un padre no debe ocuparse solo de mantener a sus hijos y poner el apellido, sino también encargarse de los cuidados necesarios.

También permite que los convenios acuerden preferencias hacia la mujer, teniendo en cuenta su contratación y ascenso profesional. La novedad más llamativa es que no solo se exige “no discriminar”, también existirá la obligación de incluir planes de igualdad, que en un principio serán a voluntad pero luego dejarán de serlo, pasados 4 años de la puesta en marcha. Se estimulará a su vez, que en los consejos de administración, haya un 40 % de presencia femenina al menos.

El ámbito de la política es otro punto fuerte en la nueva normativa, ya que mientras el 50,57 % de españoles censados SON MUJERES, solo un 27,35 % de concejales corresponden a este sexo.
La nueva ley impone a los partidos que cada cinco candidatos consecutivos en la lista, 2 como mínimo sean mujeres, y esto se hace para impedir que ante la exigencia de un porcentaje, se ponga al sexo femenino de cola impidiendo así que posea cargos institucionales.

El nuevo proyecto fue ratificado por todos los grupos parlamentarios, menos el Grupo Popular, que no lo hizo por oposición a la pariedad electoral y las medidas para las empresas, de obligado cumplimiento.